Por otra parte brinda el apoyo institucional a trabajadores, y en carácter especial a todos quienes prestan servicios en la Estación Experimental DEL I.N.T.A. Sáenz  Peña, expresando preocupación por la posible pérdida de recursos humanos calificados, de puestos de trabajo, de acotamiento del desarrollo de sus programas y su actividad funcional, y por todos los efectos que esto traería aparejado para nuestra región y en nuestra ciudad.

El proyecto fue acompañado por amplia mayoría de los integrantes del cuerpo legislativo, gesto que fue resaltado por los autores de la iniciativa a su pares de la bancada oficialista que tuvieron un voto positivo.

Entre los considerandos la resolución destaca Lo que representa el INTA para nuestra región, para nuestra ciudad como organismo emblema del desarrollo agropecuario y agroindustrial resaltando los “objetivos y misiones, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación;

“Como integrante del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación nacional, desarrolla capacidades para el sector agroindustrial con una notable participación en redes que fomentan la cooperación interinstitucional, que generan conocimientos y tecnologías puestas al servicio de distintos sectores de la sociedad, a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación” señala el proyecto de los concejales Dante Moreira, Jorge Godoy y Vilma Slusar que fue acompalado por casi la totalidad de sus pares de Vamos Chaco.

En otro párrafo señala la normativa “los aportes de toda la historia del INTA le permiten al país alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado”.

Somos conocedores del trabajo ejecutado “sus características, las distancias, las rutas y accesos a otros servicios de asistencia técnica y acompañamiento en el crecimiento y desarrollo establecen condiciones complejas para atender y que requieren de aportes de recursos para permitir ese óptimo estado de funcionamiento; todo en función de objetivos superiores de incrementar los accesos a las nuevas prácticas del desarrollo tecnológico y sustentable”.

La Ley 25.641 establece la asignación del equivalente a medio punto porcentual (0,45%) del valor total CIF de las importaciones, porcentaje con el cual se cubren las previsiones destinadas al personal, gastos de investigación, inversiones, extensiones, mantenimiento de instalaciones, equipos, vehículos, entre otros;

Sin embargo la propuesta elevada al Congreso respecto al Presupuesto 2018, “no cumpliría con la partida presupuestaria que corresponde por Ley, afectando directamente destinos tales como: becas de iniciación, investigación, extensión, adquisición de equipos y gastos de mantenimiento” indica la iniciativa.

Subraya que “actualmente el organismo desarrolla más de 350 programas y proyectos de investigación sobre cereales y oleaginosas, producción y salud animal, forestación, recursos genéticos vegetal y animal, biotecnología, conservación y manejo de recursos naturales, entre otros de marcada relevancia” y a su vez también se realizan actividades que se refieren a los servicios de redes de laboratorios como análisis de fibras de origen animal, de calidad de semillas y otros sub productos, suelo, agua y planas, imágenes satelitales, bancos de germoplasmas; de redes de radares y predicción de los fenómenos meteorológicos”

Pero según el informe que el Ministerio de Modernización presenta a la Presidencia del INTA, se presenta un objetivo de reducción del personal, retirando a 750 personas, y a pesar de que en el presupuesto presentado al Congreso Nacional, estos recursos para la continuidad del personal habían sido asegurados;

Finalmente deja en claro que los informes periodísticos de notoriedad, el INTA, al igual que otros organismos descentralizados del Estado Nacional, con presencia en las Provincias y en lugares recónditos de la República Argentina, “están en una etapa de evaluación para el inicio de un proceso de desafectación del Estado”.

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