“Hemos trabajado y aprobado la ley que establece el sistema de control obligatorio de examen toxicológico destinado a verificar el consumo de sustancias psicoactivas de las fuerzas de seguridad de la provincia”, sintetizó.

En este sentido, el legislador añadió que es una ley que ha requerido la opinión del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chaco, y se ensambla con otras iniciativas que ya venían con presentaciones anteriores como uno de su autoría que establecía rinoscopia obligatoria tanto para las fuerzas de seguridad como para los demás funcionarios de los tres poderes del Estado.

Sánchez explicó que “el examen toxicológico para la Policía será extensible a todos los miembros de la fuerza, en forma aleatoria, lo que hace que además sean sorpresivos y a los que deben someterse voluntariamente, so pena de incurrir en una falta gravísima”.

El legislador indicó también que los exámenes tendrán carácter reservado y, en caso positivo, podrá solicitarse una contraprueba a los cinco días posteriores. “Si el examen es positivo, se va a invitar al personal a someterse a un tratamiento curativo, que se hará en instituciones registradas oficialmente, y si bien podrán iniciarse acciones administrativas por sus acciones, no podrá darse de baja al agente por esta situación”, confirmó.

Sánchez aseguró asimismo que “la negativa a someterse al examen o al tratamiento curativo, efectivamente tratado como una falta que podría, a través del sumario correspondiente, generar la baja del personal”.

La ley establece a la vez que habrá un período de licencia especial durante el tratamiento y a su vez, durante todo ese tiempo el agente deberá hacer entrega del arma reglamentaria y de la credencial, “por lo que deberá abstenerse de realizar cualquier acción relacionada con sus tareas como policía”, explicó.

La norma modifica también el Decreto Policial Nº 463/58, incorporando el consumo dentro de las faltas graves y gravísimas, y en todos los casos, será la Dirección de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad la encargada de supervisar todo lo atinente al tratamiento.

“Entendemos, en consecuencia, que es una ley con un doble propósito: por lado, ayudar al policía al no considerarlo un delincuente por el consumo de sustancias ilícitas, sino tratarlo como un enfermo que necesita recuperarse pero sabiendo que durante el período de recuperación no podrá  ejercer sus tareas como policía”. “Pero también- indicó- con esta ley consideramos que si un policía es adicto, alguien le está vendiendo la droga, con lo cual, estamos con un vínculo no querido con un personal que tiene que combatir ese delito que es la venta de estupefacientes”.

En conclusión, Sánchez dijo que “desde estos dos puntos de vista porque, tomando al policía como un enfermo, evitamos que estos funcionarios públicos tengan  vínculos aunque más no sea con el último eslabón del narcortáfio”. “Bienvenida sea esta ley entonces, que se sancionó con un criterio casi unánime en general y más allá de que en particular hubo propuestas alternativas, tendrá un peso político importante para la implementación de esta legislación”, concluyó.

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